Más de 75.000 personas que utilizan plataformas de distributed denial-of-service (DDoS) para ataques disruptivos han sido advertidas a través de correos electrónicos y cartas durante la fase más reciente de la acción internacional de aplicación de la ley **Operación PowerOFF**. La operación en curso cuenta con el apoyo de **Europol** e involucra a autoridades de 21 países. Los esfuerzos coordinados llevaron al arresto de cuatro personas, la desconexión de 53 dominios y la emisión de 25 órdenes de registro. "Previo a la semana de acción, se llevaron a cabo una serie de sprints operativos, reuniendo a expertos de autoridades nacionales de todo el mundo para llevar a cabo acciones contra usuarios de alto valor de plataformas de DDoS-as-a-service y crear conciencia sobre la ilegalidad de estas actividades", afirma **Europol**. "Durante estos sprints, los países participantes interrumpieron servicios ilegales de booter, desmantelando la infraestructura técnica que soporta los ataques DDoS ilegales". La operación tiene un alcance global e incluye a múltiples países de la Unión Europea, así como a Australia, Tailandia, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Brasil.  Los "servicios de booter" son plataformas de DDoS-as-a-service que permiten a los usuarios pagar por alquilar la potencia de enjambres de DDoS, que típicamente consisten en routers y dispositivos IoT comprometidos, y dirigirla a sus objetivos. Algunos operadores de estos servicios intentan ocultar su objetivo real afirmando que se utilizan para pruebas de estrés legítimas, pero la falta de verificación de la propiedad del objetivo hace que aún se utilicen para ataques ilegales. La acción más reciente de la **Operación PowerOFF** se basó en fases anteriores que resultaron en el desmantelamiento de infraestructura clave y la incautación de bases de datos con más de 3 millones de cuentas criminales. **Europol** afirma que la operación está entrando ahora en su fase de prevención, que incluye el lanzamiento de campañas de concienciación y medidas de disrupción. Estas implican la colocación de anuncios en motores de búsqueda dirigidos a jóvenes que buscan herramientas de DDoS, la eliminación de más de 100 URL de los resultados de búsqueda que promueven estos servicios ilegales y la adición de mensajes de advertencia on-chain vinculados a pagos ilícitos.